Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalización Especial Contra la Impunidad en Guatemala, anunció que la Sala Tercera de Apelaciones ha ordenado la captura de Iván Velásquez Gómez, excomisionado de la CICIG, y Luz Adriana Camargo, Fiscal General de Colombia. Se les acusa de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión, en conexión con un caso relacionado con la constructora Odebrecht, que habría causado pérdidas millonarias al Estado guatemalteco. La acusación ha sido recibida con escepticismo, ya que Velásquez, conocido jurista en Colombia y exministro de Defensa de Gustavo Petro, y Camargo, reconocida fiscal, gozaban de inmunidad durante sus funciones en la CICIG, un organismo respaldado por la ONU.
La decisión del tribunal ha sido vista como una represalia tras el trabajo de la CICIG contra líderes políticos corruptos en Guatemala que recibieron sobornos de Odebrecht. La acusación ha generado críticas de diversas personalidades, incluyendo a Juan Francisco Sandoval, exfiscal guatemalteco, que calificó la orden como una «arbitrariedad judicial». En 2023, se presentó el caso contra Velásquez, relacionándolo con acuerdos de cooperación judicial con exdirectivos de Odebrecht, avalados por la Corte Suprema, pero cancelados por el Ministerio Público de Guatemala. La intervención de Curruchiche ha sido cuestionada por su inclusión en una lista del gobierno de EE.UU. sobre corrupción en Centroamérica. El expresidente Jimmy Morales expulsó a Velásquez en 2018, buscando disolver la CICIG tras investigaciones comprometedoras.
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