En las primeras horas del 3 de noviembre, las fuerzas del orden, tanto nacionales como municipales, irrumpieron en la Acampada por la Vivienda en la Puerta del Sol de Madrid. Esta manifestación comenzó el 26 de septiembre, provocada por el controvertido desahucio de Maricarmen Abascal, y había captado la atención de la opinión pública sobre un problema acuciante y no resuelto: la crisis de la vivienda. Frente a un tema que los partidos políticos parecen evitar, la respuesta ha recaído en medidas de fuerza, sin ofrecer soluciones a lo que muchos consideran un problema estructural de la sociedad.
La Acampada, al igual que otras similares en diversas partes del país, ha visibilizado el descontento y la desesperación de una población cada vez más afectada por la falta de vivienda y la inestabilidad económica. Desde la manifestación del 26 de septiembre en Madrid, la movilización social no solo no se ha apagado, sino que ha cristalizado en un esfuerzo coordinado por convocar una huelga general el próximo 11 de noviembre, con la intención de paralizar el país.
Este desalojo no hace más que poner de relieve otro problema de urgencia: la situación precaria de las personas sin hogar en Madrid. Las administraciones de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida han sido criticadas por implementar políticas que, según detractores, favorecen a los especuladores y rentistas, dejando a muchas familias sin recurso alguno. Los albergues y servicios sociales están desbordados y, en muchos casos, resultan insuficientes, convirtiendo a la Acampada en un símbolo de solidaridad en la adversidad, un refugio que las estructuras oficiales no han logrado proveer.
En este contexto de tensión social, las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han levantado ampollas. Al calificar de “error” la convocatoria de una huelga general en medio del luto por el reciente accidente ferroviario en Urda, en el que perdieron la vida 69 personas, Feijóo ha generando reacciones encendidas. Para muchos, la huelga no es una cuestión de rivalidad política entre partidos, sino una crítica a la clase política en su totalidad, que ha sido acusada de inacción frente a los desahucios y las medidas represivas.
Desde organizaciones sindicales como CGT, el recuerdo y el pesar por las víctimas de Urda se mantiene vivo. Estos acontecimientos trágicos son atribuidos no solo a negligencias operativas, sino también a decisiones políticas, como la liberalización del sistema ferroviario, que han sido impulsadas por diferentes administraciones. La memoria de tragedias pasadas como las de Adamuz, Angrois, el metro de Valencia y otras sigue latente, siendo vistas como evidencias de un patrón de desatención y desvío de responsabilidades.
A medida que se acerca el 11 de noviembre, fecha proyectada para la huelga general, el clima social se intensifica. La movilización no es simplemente una reacción aislada, sino el reflejo de un creciente malestar contra una clase política percibida como distante e insensible. Este llamado a la acción colectiva simboliza un rechazo explícito a la realidad actual, donde las tragedias humanas se sienten como una carga sobre la clase trabajadora, mientras que aquellos en posiciones de poder parecen evadir sus obligaciones, ya sea en tiempos de campaña electoral o en sus quehaceres cotidianos. La huelga se plantea como una demostración inequívoca de solidaridad y resistencia.
Fuente: CGT
