El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite una proposición de ley promovida por el Parlamento de Cantabria que busca unificar las categorías A1 y A2 de los funcionarios de grupo A, una medida que ha sorprendido al no estar entre las prioridades ni del Ministerio de Función Pública ni de los sindicatos del sector. Mientras esta propuesta avanza en el ámbito parlamentario, el Gobierno y los sindicatos están actualmente centrados en negociar cambios que afectan a los grupos intermedios de funcionarios (B, C1 y C2). Estas negociaciones buscan, entre otras cosas, reclasificar a los Técnicos Superiores de Formación Profesional (grupo B), desarrollando cambios que ya están contemplados en el Estatuto Básico del Empleado Público y que han sido un punto pendiente del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI.

La iniciativa de unificar el grupo A ha causado inquietud y rechazo, especialmente por parte de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), que advierte que podría suponer un «igualar a la baja» las cualificaciones dentro del grupo. Desde los sindicatos, se insiste en que no es prioritario alterar el grupo A y que la atención debe centrarse en abordar las estructuras subestimadas de los grupos intermedios. Procesos como la reclasificación de técnicos superiores en el grupo B, donde predominan profesionales sanitarios como técnicos de laboratorio y radiología que actualmente están incorrectamente clasificados como C1, son más urgentes. Esta reclasificación también propone precisar las competencias y responsabilidades reales en la administración, teniendo en cuenta tanto la cualificación académica requerida como las funciones específicas demandadas por el empleo público.

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