El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo real decreto para regular el reconocimiento de las entidades del Tercer Sector de Acción Social que colaboran con la Administración General del Estado. Este esfuerzo normativo busca fomentar una acción pública más inclusiva, cercana y colaborativa con el Tercer Sector, un componente clave en la atención social en España.
Esta nueva regulación, adoptada a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, responde a una necesidad histórica expresada por el Tercer Sector de Acción Social, establecido por la Ley 43/2015. El decreto define un marco jurídico que establece requisitos para que las entidades puedan obtener este reconocimiento oficial, reforzando su rol como interlocutores esenciales en la planificación y evaluación de políticas sociales. Es un paso decisivo hacia una colaboración más eficiente entre las administraciones públicas y el tejido social organizado.
Los requisitos establecidos para que las entidades puedan ser reconocidas incluyen el desarrollo de actividades de interés general, una antigüedad mínima de cinco años, y la no retribución de sus miembros directivos con fondos públicos. También deben contar con una estructura y medios apropiados, y poseer un certificado de calidad y mejora continua. Este enfoque busca garantizar un estándar de operación elevado entre las entidades que forman parte de esta red colaborativa.
Además, se ha creado una Comisión de Evaluación integrada por representantes de diez ministerios para revisar las solicitudes y asegurar que las entidades cumplen los requisitos. Este órgano estará presidido por la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales. Una vez reconocidas, las entidades podrán disfrutar de ventajas como la simplificación documental en subvenciones, suscripción de convenios específicos y uso de un distintivo oficial que refrenda su status colaborador.
Más allá de mejorar la relación con el Estado, el decreto ofrece un modelo de gobernanza social participativo y seguro desde un punto de vista jurídico. Según el Ministerio de Derechos Sociales, esta norma «asegura un desarrollo armónico de las políticas sociales, una identificación correcta de las necesidades de los grupos afectados y el óptimo aprovechamiento de los recursos».
El real decreto también contempla un sistema de supervisión, dirigido por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, que incluye la presentación anual de memorias de actividades y un Plan de Evaluación y Control. Prevé la revocación del reconocimiento en caso de incumplimientos e irregularidades, lo que otorga un control riguroso sobre las actividades de las entidades.
Finalmente, el decreto aborda la participación de estas entidades en situaciones de emergencia social, como emergencias climáticas o sanitarias, permitiendo una respuesta ágil mediante planes de actuación específicos. La medida se implementará a partir del 2 de enero, momento en el cual se abrirán las solicitudes a través del sitio web del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, marcando así el inicio de una novedosa etapa colaborativa para el Tercer Sector en España.
Fuente: Ministerio de Consumo
