El Consejo de Ministros ha aprobado una trascendental declaración institucional este martes, en vísperas del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra mañana. Con un enfoque en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, el Gobierno reafirma su compromiso de «materializar plenamente el derecho de las personas con discapacidad a una vida autónoma» a través de una reforma integral de las leyes de Dependencia y Discapacidad, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.
El documento destaca la imperiosa necesidad de alinear las leyes ordinarias con los mandatos del artículo 49 de la Constitución, cuya reciente reforma en 2024 fue vista como un «éxito de país», respaldado por un amplio consenso político y social. Promovida por el CERMI, la reforma constitucional marcó un camino que ahora busca consolidarse a través de cambios legales más amplios y específicos.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha liderado la iniciativa, contando con la colaboración de varias otras carteras ministeriales, incluyendo Asuntos Exteriores, Justicia, Igualdad e Inclusión. La declaración no solo subraya la necesidad de consenso para aprobar estas reformas, sino que también se concentra en la implementación de medidas concretas. Entre ellas, se destaca la actualización del catálogo de servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y la promoción de nuevos servicios para garantizar una vida independiente.
La reforma busca eliminar incompatibilidades entre servicios, permitiendo una atención más personalizada y flexible. Así, por ejemplo, se contempla la posibilidad de combinar empleo y servicio de apoyo sin penalizaciones, incentivando la independencia económica. Este enfoque responde directamente al mandato constitucional, con especial énfasis en las necesidades de las mujeres y niños con discapacidad.
El Ejecutivo también ha señalado la accesibilidad universal como un derecho fundamental, con medidas legislativas para asegurar el acceso a la vivienda, incluyendo la instalación de ascensores y rampas. Además, se prevé el fortalecimiento del acceso a la justicia para las personas con discapacidad y la erradicación de cualquier tipo de violencia, con un énfasis en superar brechas machistas y capacitistas.
Esta declaración se posiciona como un motor de cambio hacia un modelo de cuidados más humano y adaptado a las preferencias de las personas, dejando atrás un enfoque asistencialista. Lo aprobado por el Gobierno no es solo un compromiso con el presente, sino una apuesta por un futuro más inclusivo y justo para todos.
Fuente: Ministerio de Consumo
