La plataforma de reparto a domicilio, Glovo, ha anunciado un cambio significativo en su modelo de trabajo en España al optar por emplear repartidores laborales en lugar de trabajadores autónomos. Este giro estratégico busca alinearse con su compromiso de impulsar la economía digital en el país. El cambio se aplicará en las más de 900 ciudades españolas donde opera la aplicación, y afectará a todas sus áreas de servicio. Glovo sostiene que este ajuste no afectará la experiencia de usuario ni las relaciones con los restaurantes colaboradores. Además, la empresa iniciará un diálogo con agentes sociales para garantizar que la transición se realice de manera consensuada. Este espacio de discusión estará disponible para que otros operadores del sector puedan también adoptar medidas similares y suscribirse a los acuerdos obtenidos.
Este cambio en la estrategia de Glovo ocurre en un contexto legal complejo, ya que su consejero delegado y fundador, Óscar Pierre, ha sido imputado por presuntamente emplear a los repartidores como falsos autónomos, desobedeciendo la Ley Rider y un fallo del Tribunal Supremo que data de 2020. La fiscalía, que asegura que es «indiscutible» la existencia de una relación laboral, ha solicitado su imputación, y Pierre podría enfrentar una pena de hasta seis años de prisión si es declarado culpable. Este giro busca, además de evitar implicaciones legales severas, adaptarse a las normas vigentes que protegen los derechos laborales de los repartidores, asegurando un modelo sostenible y conforme con la legislación española.
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