El fiscal general compareció ante la Cámara Alta para esclarecer las razones detrás del borrado de su teléfono móvil y la eliminación de su cuenta personal de Gmail, acciones que han levantado sospechas y generado polémica en el ámbito político y judicial. Durante su intervención, explicó que estas medidas fueron tomadas exclusivamente por motivos de seguridad personal y privacidad, asegurando que no hay nada irregular en estas decisiones. El fiscal destacó que, al ser una figura pública de alto perfil, se encuentra constantemente expuesto a potenciales amenazas cibernéticas, lo que requiere tomar precauciones adicionales para proteger su información personal y confidencial.

Además, el fiscal general subrayó que todas las actuaciones relacionadas con su cargo se llevan a cabo desde dispositivos y cuentas oficiales, las cuales están sujetas a estrictos protocolos de seguridad y supervisión. Al respecto, enfatizó que su cuenta de Google y su teléfono personal no contenían información relacionada con su función en la fiscalía, y que el borrado fue una acción meramente preventiva. Esta declaración se dio en medio de un debate más amplio sobre la importancia de la ciberseguridad y la protección de datos personales para funcionarios públicos, un tema que gana relevancia en la era digital actual.

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