En Barcelona, comenzó esta semana un juicio de alto perfil en la Audiencia Provincial, donde la Fiscalía ha pedido penas de entre tres años y medio y nueve años de prisión para diez individuos acusados de pertenecer a un grupo criminal organizado. Este grupo presuntamente se dedicaba a alquilar viviendas bajo documentación falsa y posteriormente transformarlas en apartamentos turísticos o pisos compartidos sin el consentimiento de los propietarios. La actividad delictiva, llevada a cabo entre 2017 y 2020, supuestamente dejó a los arrendadores sin acceso a sus propiedades y sin el pago de las mensualidades, sumando un perjuicio económico estimado en más de 600,000 euros. Los delitos por los que se les acusa incluyen estafa, falsedad en documento mercantil, extorsiones y coacciones, además de operar sin la correspondiente licencia para alojamiento turístico.
Durante el juicio, el fiscal ha presentado un escrito detallando cómo los acusados ejecutaron su plan. Inicialmente, abonaban solo la fianza y la primera o segunda mensualidad antes de dejar de cumplir con sus obligaciones contractuales. Además, se les acusa de emplear tácticas intimidatorias para disuadir a los propietarios de acercarse a sus propias viviendas, instalando incluso cámaras de videovigilancia en los inmuebles. Estas maniobras, sumadas a la oferta de los pisos en plataformas en línea como Airbnb, contribuyeron a crear un «clima de terror» entre los dueños. Según la Fiscalía, los líderes de esta red delictiva eran un padre y su hijo, quienes gestionaban el negocio desde una sociedad mercantil, dando instrucciones al resto de los implicados y asegurando el control de las operaciones ilegales. El juicio sigue desarrollándose, esperando la sentencia que también determinará las indemnizaciones para los afectados.
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