Los exministros colombianos Luis Fernando Velasco e Ricardo Bonilla enfrentan graves acusaciones de corrupción, siendo imputados por la Fiscalía por supuestamente haber orquestado un esquema masivo para manipular contratos públicos en favor de ciertas alianzas políticas. En una audiencia prolongada, el ente acusador detalló cargos que incluyen concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Según investigaciones, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, presuntamente desviaron contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y del Instituto Nacional de Vías hacia contratistas predilectos de varios congresistas para asegurar su respaldo en el Congreso al Gobierno de Gustavo Petro. Parte del material presentado por la Fiscalía incluye interceptaciones telefónicas y conversaciones de WhatsApp que los ubican como los organizadores de reuniones claves en la Casa de Nariño, donde habrían dado instrucciones para asegurar los apoyos parlamentarios necesarios.
La postura de los acusados contrappone las revelaciones fiscales, con ambos exministros declarando su inocencia y comprometidos a probar su rectitud en el ejercicio de sus funciones. Velasco, un veterano de la política, expresó su deseo de presentar, eventualmente, una contranarrativa que desmienta las claves proporcionadas por la Fiscalía, mientras que Bonilla insistió en que cumplió la ley de manera íntegra durante su gestión como ministro de Hacienda. Paralelamente, las implicaciones del caso han tocado a otras figuras del ámbito político, con capturas y señalamientos que incluyen congresistas y asesores presidenciales como Sandra Ortiz, quien también enfrenta prisión preventiva. Este escándalo ha supuesto un duro golpe para la administración de Petro, erosionando su prometida agenda anticorrupción y apuntando a un complejo entramado político aún bajo investigación.
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