El reciente debate de política general en Cataluña, liderado por Salvador Illa, ha puesto de manifiesto las tensiones subyacentes que persisten en la política catalana tras el llamado procés. Este evento no sólo resalta las fracturas dentro de las formaciones políticas, sino que también refleja una serie de elementos psicológicos más que políticos, según se desprende de las intervenciones de los diferentes actores. En el debate, Albert Batet, representante del grupo Junts por la ausencia de Carles Puigdemont, acusó a Illa de concentrar todo el poder político en Cataluña. Sus declaraciones reflejan el desencanto de un grupo político que, antaño, controlaba importantes instituciones catalanas y que ahora ve menguada su influencia. Batet hizo un llamamiento a un «golpe de timón» y a una «refundación profunda», sin mencionar que Junts gobernaba la Generalitat hasta hace poco. La oposición parece estar buscando maneras de revitalizar su influencia y liderazgo en la política catalana.
El debate también destacó la retórica contradictoria de algunos miembros de Junts, quienes en el pasado jugaron un papel significativo en el procés y hoy acusan al gobierno catalán de no priorizar a su pueblo. A pesar de su posición actual en la oposición, las declaraciones de Batet y su mención del «mandato del 1 de octubre» parecen más un intento de recuperar relevancia política que una estrategia bien definida. La referencia a la visita de la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, al presidente de la Generalitat, y la queja por la falta de reunión con Josep Rull, pone en evidencia el deseo de Junts de reafirmar su posición en la escena política. Al final, queda patente que el debate y las acusaciones entre las formaciones no son más que una pugna de poder donde quedan al descubierto las heridas políticas pasadas, así como la necesidad de visibilidad y reconocimiento de Junts en un panorama en el que buscan reequilibrar fuerzas y avanzar en sus persistentes demandas.
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