La tragedia ocurrida en el puente de la Concordia, al oriente de Ciudad de México, donde una pipa de gas explotó dejando al menos ocho muertos y 94 heridos, sigue bajo escrutinio. La principal hipótesis apunta a un exceso de velocidad como la causa del accidente, según informó la fiscal Bertha María Alcalde. El conductor, Ubaldo García, continúa en estado crítico y bajo custodia, mientras las autoridades avanzan en investigar las responsabilidades. La Jefa de Gobierno, Carla Brugada, destacó la importancia de realizar una investigación exhaustiva para «deslindar responsabilidades y asegurar que no haya impunidad». Las víctimas, cuyas edades oscilan entre uno y 57 años, están recibiendo atención médica con 22 personas en estado crítico.
El jefe de bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, calificó el accidente como el más grave desde 2015, cuando otro incidente similar ocurrió en el Hospital Materno de Cuajimalpa. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se revisará la regulación del transporte de materiales peligrosos para evitar futuras tragedias. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente destacó que la empresa Transportador Silza, propietaria del vehículo, no tenía las pólizas de seguro requeridas, aunque la empresa lo niega. La ASEA está investigando posibles irregularidades. Además, el Gobierno de la Ciudad de México se ha comprometido a apoyar a las familias afectadas con asistencia médica, legal y psicológica.
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