La indignación recorre España ante una serie de acciones percibidas como ataques a la democracia, la Constitución y el Estado de derecho por parte del Gobierno. Entre las controversias se encuentran negociaciones inconstitucionales, pactos con prófugos de la justicia y terroristas, así como cesiones fiscales a Cataluña. Las críticas también se dirigen al manejo del presidente del Gobierno sobre la situación en Venezuela y los homenajes a terroristas en el País Vasco. Ante estos hechos, más de cien asociaciones e instituciones civiles promueven manifestaciones masivas, comprometiéndose a defender la democracia de manera continua y decidida.
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