En el panorama económico de España, la inversión tanto pública como privada comienza a mostrar signos de recuperación, tras años de altibajos influenciados por crisis y eventos globales. Durante 2025, la inversión total alcanzó los 347.000 millones de euros en términos reales, lo que representa un crecimiento del 5,1% respecto a 2024, y marca el quinto año consecutivo de recuperación tras la caída originada por la pandemia y la crisis financiera. Sin embargo, al analizar la composición de estos recursos, persisten importantes desequilibrios que condicionan el potencial de desarrollo y la resiliencia del país.
Uno de los aspectos más relevantes en el informe elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) es la baja asignación de inversiones a infraestructuras. Aunque el crecimiento general es firme, la inversión en carreteras, ferrocarriles, infraestructuras hidráulicas y urbanas permanece en niveles que no favorecen el mantenimiento ni la modernización de los activos existentes. Por ejemplo, la inversión pública en infraestructuras de uso público, que incluía proyectos portuarios, aeroportuarios y de movilidad, solo representó el 10,7% del total y creció un 9,1% en 2025, pero aún así su peso en el total de inversión cae del 61,2% en 2009 al 37,9% en la actualidad.
El estancamiento en el gasto dedicado a infraestructura se refleja en que los volúmenes invertidos en estos sectores son un 25% inferiores a los de 2000 y un 60% menores al máximo alcanzado en 2009. Esto reduce la capacidad de mantener y renovar la infraestructura pública, afectando especialmente a las áreas de hidráulica y ferroviaria, cuyas dotaciones han retrocedido en valor real en los últimos años. La inversión en ferrocarril, por ejemplo, cayó un 66,7% desde 2009, a pesar de seguir representando casi un tercio del total invertido en infraestructuras en 2025.
Este debilitamiento en el soporte de activos estratégicos se ha visto agravado por los efectos del cambio climático. Las catástrofes naturales como inundaciones recurrentes impactan significativamente en infraestructuras y activos privados, agravando la depreciación del capital público. El informe estima que la reposición de daños provocados por eventos como la DANA de Valencia en 2024 podría requerir entre el 0,2% y el 1,1% de la inversión anual durante medio siglo. Si estos daños se concentraran en un solo ejercicio, la inversión necesaria podría ascender hasta el 848% de una inversión anual típica, uno de los retos más apremiantes que enfrenta el país para mantener su red de infraestructuras.
Asimismo, el análisis revela que la inversión en sectores tecnológicos y en activos inmateriales como investigación, desarrollo y software ha venido en aumento: entre 1995 y 2024, la inversión en TIC e innovaciones digitales se multiplicó por más de cuatro, aunque partiendo desde un nivel muy bajo en comparación con otros países, principalmente Estados Unidos. La tendencia muestra un cambio en el patrón de inversión, que se ha desplazado hacia tecnologías de información y comunicación, dejando en segundo plano la inversión inmobiliaria, que desde antes de la crisis de 2008 ha perdido peso en el conjunto del capital invertido.
Por el lado del mercado inmobiliario, en 2025 se construyeron aproximadamente 88.000 nuevas viviendas, un volumen que, aunque rebasa la construcción de años anteriores, sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda derivada del crecimiento demográfico, que en ese año superó las 226.000 nuevas familias según los registros del Ministerio de Transportes y del INE. Esta brecha en la oferta mantiene elevados los precios del mercado y limita el acceso a la vivienda de buena parte de la población.
El ciclo inversor en España, además, no ha alcanzado todavía los niveles previos a la crisis de 2008. La inversión en relación al PIB se mantiene en torno al 20,6% en 2025, una cifra que está por debajo del promedio de los países europeos y del 26-30% registrado en los primeros años del siglo. Aunque la recuperación del ciclo inversor ha iniciado desde 2021, el capital que se moviliza todavía no logra equiparar los máximos de una etapa de expansión previa.
Por último, el informe advierte que la inversión en infraestructuras, cuya recuperación fue limitada durante la Gran Recesión, sigue siendo insuficiente para afrontar los desafíos de un país con un volumen de activos públicos que, en valor real, ha disminuido en unos 11.000 millones de euros desde 2014. La baja inversión en infraestructuras, sumada a los efectos de eventos meteorológicos cada vez más frecuentes e intensos, hace imprescindible un replanteamiento estratégico que priorice el mantenimiento, la modernización y la protección del capital público, aprovechando los fondos europeos y distribuyendo los esfuerzos en todos los territorios y sectores vulnerables.
Se impone, entonces, una reflexión sobre la necesidad de incrementar la inversión en infraestructuras de calidad, en innovación tecnológica y en medidas adaptativas frente al cambio climático. Solo así España podrá fortalecer su capacidad de recuperación, garantizar la continuidad de sus servicios esenciales y afrontar con mayor solidez los desafíos futuros.
