España perdería unos 15 millones de personas en edad de trabajar si dejara de recibir inmigración en las próximas décadas. Así lo recoge un análisis basado en proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado en la revista Información Comercial Española (ICE). La población activa —entre 16 y 66 años— caería un 46% para 2070: de los 33 millones actuales a poco más de 18 millones.
El informe sitúa la tasa de dependencia de mayores de 67 años en el 44,9% con migración sostenida. Sin ella, ese porcentaje subiría hasta el 71,1%, lo que implica que más de dos tercios de los jubilados dependerían de un número cada vez menor de trabajadores. La presión sobre las pensiones, la sanidad y las finanzas públicas sería directa y creciente.
La inmigración lleva décadas actuando como colchón frente a este deterioro. Entre 2000 y 2019, la llegada de población extranjera redujo en torno al 60% la caída del dividendo demográfico. Desde 2020 hasta 2024 ese efecto también se trasladó al empleo: los trabajadores migrantes elevaron la tasa de empleo española en unos 0,22 puntos porcentuales al año respecto a un escenario sin migrantes.
El perfil de la población extranjera residente explica en parte ese resultado. Con una media de edad de 41,3 años en 2024 y una distribución concentrada entre los 20 y los 50 años, los inmigrantes se sitúan en la franja de mayor actividad laboral. Su tasa de empleo fue del 60,37% en 2024, frente al 50,1% de los nacidos en España, aunque su desempleo es también más alto —15,42% frente al 10,09% nacional—, lo que refleja una mayor vulnerabilidad en su inserción.
El sistema de pensiones español, basado en el reparto, depende directamente de la relación entre cotizantes y perceptores. Una reducción tan severa de la población activa sin compensación migratoria pondría ese equilibrio bajo una presión que los fondos de reserva actuales no están diseñados para absorber. El análisis es claro: sin inmigración, la sostenibilidad del sistema de bienestar quedaría comprometida mucho antes de 2070.
La política migratoria y las medidas para elevar la participación laboral —especialmente entre mujeres y mayores de 55 años— serán los dos ejes sobre los que pivote la viabilidad futura del modelo. El mercado hipotecario y la vivienda asequible también condicionan la capacidad de España para atraer y retener trabajadores, pues el acceso a la vivienda es uno de los factores que más pesa en la decisión de instalarse definitivamente.
El caso español no es singular: Alemania, Italia y Japón afrontan retos similares con respuestas distintas. La presión geopolítica sobre Europa también influye en los flujos migratorios globales, lo que convierte la gestión de la migración en una cuestión tanto económica como estratégica.
La tasa de dependencia subiría del 44,9% al 71,1%. Habría muchos más jubilados por cada trabajador activo, lo que aumentaría la presión sobre las pensiones y la sanidad pública.
Según el análisis publicado en la revista ICE, la llegada de migrantes mitigó en cerca del 60% la caída del dividendo demográfico que experimenta España desde principios de siglo.
En 2024 fue del 60,37%, superior al 50,1% de los nacidos en España. Su tasa de desempleo, sin embargo, también es más alta: un 15,42% frente al 10,09% de los nacionales.
La población en edad laboral (16-66 años) caería de 33 millones a unos 18 millones, una reducción de unos 15 millones de personas, según las proyecciones del INE recogidas en el estudio.
En 2024 la media era de 41,3 años, con una distribución concentrada en la franja de entre 20 y 50 años, la de mayor actividad laboral.
Además de la inmigración, el aumento de la participación laboral femenina, la prolongación de la vida activa y la mejora de la productividad son factores que el análisis identifica como complementarios a la política migratoria.
Fuente: Revista Información Comercial Española (ICE) / nota original en Infobae.
