La reciente Sentencia del Tribunal Supremo del 14 de julio de 2025 ha marcado un hito relevante en el ámbito fiscal de las empresas familiares al clarificar el polémico requisito del trabajador a jornada completa. Este fallo desafía las interpretaciones restrictivas que habían prevalecido en la Administración pública y promete transformar la forma en que se aplican las reducciones fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aliviando el clima de inseguridad jurídica que reinaba hasta ahora.
Históricamente, la Agencia Tributaria había optado por una interpretación rigurosa del artículo 27.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que requería no solo la existencia de un contrato formal de trabajo, sino también pruebas contundentes de una carga laboral efectiva. Esta exigencia frecuentemente condujo a la denegación de reducciones fiscales si en la revisión se consideraba que el trabajador no desempeñaba suficientes funciones. Empresas familiares se encontraban obligadas a demostrar un compromiso laboral concreto, incluso en sectores donde la presencia constante no era necesaria.
El cambio de paradigma impuesto por el Tribunal Supremo corrige esta visión, estableciendo que la normativa no demanda probar una carga de trabajo efectiva. Basta con presentar un contrato laboral válido, formalizado a jornada completa. No obstante, el tribunal advierte que si la Administración sospecha que el contrato es un mero formalismo o una simulación, debe demostrarlo a través de un procedimiento legal adecuado, rechazando cualquier decisión basada en criterios subjetivos.
Este fallo enfatiza que la ley no diferencia la intensidad del servicio prestado, y por tanto, es inadmisible añadir requisitos interpretativos que el legislador no haya contemplado explícitamente. Esta interpretación significa un cambio sustancial para las empresas familiares, en particular para la planificación sucesoria, ya que limita la discrecionalidad administrativa en la aplicación de los beneficios fiscales bajo el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Como resultado, se promueve una mayor seguridad jurídica al impedir que las Administraciones denieguen automáticamente estos beneficios alegando una carga laboral insuficiente, siempre que se acredite la existencia de un contrato de jornada completa válido. El impacto práctico de esta sentencia es considerable; se prevé una disminución del riesgo fiscal y un entorno normativo más estable que apoye la continuidad de las empresas familiares. En resumen, la decisión del Tribunal Supremo refuerza el marco legal, proporcionando un terreno más sólido para el desarrollo y la supervivencia de estas empresas en el futuro.
