Íñigo Errejón, antiguo diputado de Sumar y fundador de Podemos, se enfrenta a un intrincado proceso legal tras negarse a entregar su teléfono móvil a la Policía en el contexto de una investigación por presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá. La defensa de Errejón ha presentado un recurso de reforma ante el juez instructor, Adolfo Carretero, solicitando la revocación de la decisión que autoriza el análisis del dispositivo. Argumentan que dicha medida es «desviada, espuria, adultera y muy alejada del descubrimiento de la verdad». El equipo legal sostiene que el copiado total del móvil es desproporcionado y transgrede la privacidad y seguridad de los datos personales del ex diputado, involucrando además información irrelevante como mensajes y archivos personales, familiares y políticos.
El escrito de defensa, al que tuvo acceso la agencia Europa Press, también demanda la nulidad del auto por una «absoluta falta de motivación», instando al juez a dictar una nueva resolución ajustada a derecho según los artículos pertinentes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Adicionalmente, la abogada de Errejón ha criticado a la acusación popular, Asociación Defensa Integral Víctimas del Delito Especializada, calificando su actuación de «espuria» y señalando que sus intenciones están alejadas de la protección de presuntas víctimas de delitos penales. Este recurso subraya la tensión entre el derecho a la privacidad del individuo y la necesidad de esclarecer los hechos en el marco de un proceso judicial, dejando entrever un complejo y delicado enfrentamiento legal en curso.
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