El presidente Donald Trump enfrenta otro contratiempo judicial tras la decisión de una jueza federal en San Francisco de detener temporalmente su plan para despedir a miles de funcionarios durante el cierre parcial del gobierno de EE. UU. Este cierre ha sido ocasionado por el desacuerdo entre republicanos y demócratas sobre el financiamiento del gasto sanitario. La jueza Susan Illston admitió una solicitud de bloqueo presentada por dos sindicatos, argumentando que los despidos planeados tienen una motivación política y no pueden ser justificados legalmente durante el cierre gubernamental. La Casa Blanca, bajo la dirección de su jefe de presupuesto Russell Vought, había comenzado a enviar notificaciones de despido a numerosos trabajadores, justificando su medida con la necesidad de implementar recortes en el gasto federal.
Los sindicatos, respaldados por organizaciones como Democracy Forward, han celebrado la decisión judicial, calificando las acciones de la administración Trump como dañinas e ilegales. Líderes sindicales argumentan que los recortes propuestos no solo afectan injustamente a trabajadores esenciales, sino que también violan el marco legal vigente, al realizarse en un contexto de intervención política y sin justificación durante el cierre. Representantes de los empleados federales han prometido continuar con su lucha legal para proteger los derechos de sus afiliados, resaltando el papel crucial que desempeñan en el funcionamiento del país. La jueza Illston, por su parte, insistió en que el gobierno debe seguir las leyes que regulan tal situación, subrayando que las maniobras políticas no pueden alterar la aplicación del derecho en una nación regida por leyes.
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