La reciente solicitud de detención del ex primer ministro de Corea del Sur, Han Duck-soo, ha desatado una nueva oleada de tensiones en el país asiático. La fiscalía especial acusa a Han de colaborar en el intento de declarar la ley marcial en diciembre pasado, junto con el entonces presidente destituido, Yoon Suk-yeol. Esta acusación histórica no solo señala a Han como cómplice clave, sino que también lo acusa de perjurio, falsificación y destrucción de documentos oficiales. El caso contra Han, que inicialmente fue considerado solo como testigo, ahora lo pone en el centro de una de las crisis institucionales más graves de la democracia surcoreana. La investigación sostiene que Han, en lugar de detener la medida, convocó una reunión del Gabinete para darle una apariencia de legalidad, sin procurar un debate real.
El proceso legal contra Han se desarrolla bajo la dirección de Cho Eun-seok, fiscal que lidera el equipo especial creado tras la elección del nuevo presidente, Lee Jae-myung. Este organismo investiga las responsabilidades penales en el plan de insurrección de diciembre. La acusación contra Han cobra fuerza tras el fallo de marzo del Tribunal Constitucional, que había restituido a Han en su cargo sin pronunciarse sobre su complicidad. Además del ex primer ministro, el expresidente Yoon Suk-yeol ya enfrenta cargos por insurrección y permanece en prisión preventiva. La complejidad del caso podría ampliarse al resto del gabinete de Yoon si el tribunal autoriza la detención de Han, mientras que su esposa, Kim Keon-hee, también está encarcelada bajo acusaciones de corrupción en una investigación separada. El desarrollo de estos procesos legales resulta crucial para el futuro político de Corea del Sur y sus instituciones democráticas.
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