El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de 12 medidas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda en España, un problema que afecta tanto a las familias como al mercado inmobiliario. En el foro «Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar», Sánchez subrayó la urgencia de implementar «medidas contundentes y sin precedentes», aunque las críticas sobre la eficacia de las políticas del gobierno en este ámbito persisten.
Para incrementar la oferta de viviendas públicas, actualmente un escaso 2,5% del total en España, se transferirán 3.300 viviendas y dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a una nueva Empresa Pública de Vivienda. Esta entidad gestionará 30.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), con el objetivo de construir viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible, especialmente para jóvenes y familias vulnerables. Además, un nuevo mecanismo legal garantizará que estas viviendas de financiación pública permanezcan en manos del Estado indefinidamente, buscando prevenir la especulación inmobiliaria.
El plan contempla la inversión de 6.000 millones de euros en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para financiar 25.000 nuevas viviendas, fomentando la colaboración público-privada en la promoción de estas propiedades. Asimismo, se lanzará un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) enfocado en la construcción industrializada y modular en Valencia, con miras a reducir costos y plazos de construcción, además de revitalizar la economía local tras la DANA.
El gobierno también planea incentivar a los propietarios a través de una exención del 100% del IRPF para aquellos que alquilen sus viviendas a precios del Índice de Referencia de Precios, sin restricción geográfica. A estos incentivos se sumará un programa de rehabilitación de viviendas vacías, ofreciendo subvenciones para reformas a cambio de alquileres asequibles durante cinco años, y un nuevo sistema de garantías públicas destinado a proteger tanto a propietarios como a inquilinos, priorizando a jóvenes menores de 35 años.
En el ámbito regulatorio, se introducirá una reforma fiscal para los pisos turísticos y se modificarán las ventajas fiscales de las socimis, limitando estos beneficios únicamente a viviendas de alquiler asequible. Además, se impondrá un gravamen del 100% del valor del inmueble para las compras realizadas por extranjeros no residentes, similar a políticas aplicadas en Canadá.
Con vistas al futuro, se prevé un nuevo Plan Estatal de Vivienda para 2026, que proporcionará ayudas para alquiler, compra y rehabilitación, centrándose en colectivos vulnerables, jóvenes y personas mayores. Estas ayudas se sumarán a los 20.000 millones de euros ya invertidos en la última legislatura, que han beneficiado a más de 1,5 millones de hogares.
No obstante, la efectividad del plan del Ejecutivo es discutida por algunos analistas financieros que advierten sobre posibles efectos negativos en la inversión privada debido a las restricciones fiscales. La capacidad del gobierno para movilizar los recursos prometidos será crucial para lograr el éxito de la colaboración público-privada en este ámbito.
En conclusión, las medidas anunciadas pueden ser un paso adelante en la mejora del acceso a la vivienda, pero su impacto real dependerá de una ejecución efectiva que logre abordar los problemas estructurales del mercado inmobiliario español. Mientras tanto, la creciente desigualdad entre propietarios e inquilinos sigue siendo un reto que exigirá un compromiso sostenido en el tiempo.
