La Corte de Garantías ha dictaminado que es constitucional la Ley que facilitó la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, mediante un acuerdo que incluyó el apoyo de los siete votos del partido Junts. Este veredicto solidifica el proceso político que permitió a Sánchez asumir el cargo, en medio de un escenario marcado por complejas negociaciones y acuerdos entre diferentes formaciones políticas. La decisión del tribunal despeja cualquier duda sobre la legalidad del proceso, asegurando que se ha cumplido con los preceptos constitucionales en el procedimiento parlamentario.
El acuerdo con Junts, clave para la investidura, fue motivo de intensos debates sobre su constitucionalidad, dado el contexto de tensiones políticas en Cataluña. Sin embargo, el fallo de la Corte de Garantías respalda las acciones del Gobierno y refuerza la legitimidad del pacto alcanzado. Este desenlace subraya el papel de los mecanismos legales en la resolución de disputas políticas y resalta la importancia de los acuerdos multipartidistas en una democracia parlamentaria, especialmente en un clima político fragmentado.
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