La reforma a la Ley de Amparo, impulsada por Claudia Sheinbaum, ha sido aprobada en lo general por la Cámara de Diputados de México, gracias al respaldo de la mayoría morenista y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. La propuesta ha generado críticas de la oposición, que la califica de «fraude», y ha despertado también reservas dentro del oficialismo mismo, como las de la diputada Olga Sánchez Cordero, por la restricción que podría imponer al acceso a la justicia constitucional. A la espera de la discusión de reservas específicas, la reforma avanza con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, pero enfrenta un camino lleno de controversias, particularmente sobre la cláusula de retroactividad.
El debate se encuentra en un punto álgido debido a las modificaciones introducidas en el articulado, que reviven conceptos ya rechazados por el Senado. Estas enmiendas han desatado críticas de la oposición, que ve la reforma como un intento de limitar la justicia y favorecer el autoritarismo, en un contexto donde el oficialismo es acusado de utilizar tácticas legislativas poco transparentes. La presidenta Sheinbaum justifica la reforma como un medio para desbloquear recursos financieros atascados en los tribunales, lo que permitiría mantener sus programas sociales sin recurrir a una reforma fiscal. La Cámara de Diputados espera finiquitar el proceso y devolver el proyecto al Senado, mientras las críticas internas y externas continúan en aumento.
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