El Buró de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) ha dado un paso importante hacia la modernización del sector bancario con la finalización de una nueva normativa que promete facilitar la comparación de servicios bancarios y la transferencia de cuentas para los usuarios. Esta iniciativa busca estimular la competencia entre bancos, permitiendo a los consumidores identificar de manera rápida el banco que ofrece las mejores condiciones y efectuar el cambio con tan solo unos clics.
En la era digital, donde cambiar de proveedor debería ser un proceso sencillo, muchas empresas han implementado complejas estrategias legales para entorpecer estas transiciones. A través de leyes de propiedad intelectual y de secreto comercial, han creado altos «costos de cambio», lo que impide a los usuarios dejar un servicio en favor de otro, beneficiando a las entidades que se apoyan en una lealtad forzada de sus clientes.
La normativa del CFPB autoriza a los consumidores a facilitar a terceros, como sitios de comparación o aplicaciones de contabilidad, el acceso a los datos de sus cuentas bancarias. Los bancos, por su parte, estarán obligados a proporcionar toda la información que el cliente haya autorizado, incluyendo el historial de transacciones y detalles necesarios para gestionar pagos recurrentes en un nuevo banco.
Esta herramienta permitirá a los consumidores evaluar de forma más sencilla factores como comisiones por sobregiros, intereses generados y costos de préstamos. Una característica destacable de esta normativa es que, una vez abierta una nueva cuenta, se podrán transferir automáticamente datos y pagos recurrentes desde el banco anterior, simplificando así el proceso de cambio.
El CFPB estima que esta regulación podría ahorrar a los estadounidenses al menos 677 millones de dólares anuales, una cifra que vendría de bancos que previamente cobraban altas tasas y proporcionaban bajos intereses. No obstante, ya se han emprendido acciones legales por parte de algunos bancos en contra de esta nueva regla, basada en argumentos de que podría aumentar los riesgos de fraude para los consumidores.
A pesar de las críticas, los defensores de la normativa sostienen que la seguridad del usuario no se mejora bloqueando su capacidad de compartir sus propios datos. Además, el reglamento establece criterios estrictos sobre quién puede acceder a la información del cliente y les impone limitaciones sobre su uso, garantizando que se destine únicamente a los fines autorizados y proporcionando un mecanismo para revocar el acceso de manera inmediata.
Desde su creación en 2010, el CFPB ha estado facultado para promulgar normas similares, aunque no ha estado exento de la resistencia de las instituciones bancarias que abogan por la conservación de la propiedad de los datos. Al final del día, la decisión de cómo y con quién compartir su información financiera recae en los consumidores, quienes ahora tienen más herramientas para ejercer ese derecho.
