México se enfrenta a una profunda transformación política y judicial tras las elecciones del 2 de junio, con el oficialismo liderado por Andrés Manuel López Obrador preparándose para implementar una reforma radical del Poder Judicial. La intención es sustituir el actual sistema de justicia con uno en el que jueces, magistrados y la Corte sean elegidos por voto popular. Esta reforma, que no cuenta con precedentes ni garantías de éxito, ha generado críticas y preocupación sobre la independencia judicial y la posible instrumentalización política de la justicia. Sin embargo, la oposición, fragmentada y débil, no ha logrado articular una resistencia efectiva. La reforma podría ser implementada a partir del 1 de octubre, distrayendo a la futura presidenta de tareas urgentes y comprometiendo la imparcialidad y eficacia del sistema judicial mexicano.
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