El Banco Vaticano ha implementado una normativa reciente que prohíbe la contratación de cónyuges, generando controversia entre aquellos empleados que habían sido contratados antes de la implementación de la regla. Esta medida ha afectado particularmente a parejas que ya estaban trabajando en el banco antes de asumir su compromiso matrimonial, comprometiendo así la estabilidad laboral y personal de muchos trabajadores que ven amenazada su continuidad en la institución.
La entidad financiera justifica la política como una medida de transparencia y ética para evitar conflictos de interés, pero ha suscitado críticas por su aplicación retroactiva. Los empleados afectados consideran la norma injusta, dado que se implementa después de sus compromisos laborales y matrimoniales, y argumentan que no se les debe penalizar por decisiones personales tomadas bajo diferentes circunstancias contractuales. La gestión del Banco Vaticano enfrenta así un desafío de conciliación entre sus principios éticos y las necesidades y derechos de sus trabajadores.
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