A partir de 2026, el sistema de pensiones en España comenzará a experimentar cambios significativos en su marco regulatorio, en línea con un proceso de transición que busca adaptar la jubilación a la realidad demográfica del país. Uno de los hitos más relevantes será el establecimiento de la edad legal de jubilación en 66 años y 10 meses para quienes no hayan alcanzado un período de cotización de 38 años y tres meses, incremento que representa dos meses respecto al año anterior. Este ajuste marca el avance final de un proceso iniciado en 2013, cuyo objetivo es llegar a los 67 años en 2027 para los trabajadores con menor tiempo cotizado, estableciendo una referencia progresiva que busca equilibrar las necesidades del sistema y la esperanza de vida creciente.
Actualmente, la normativa permite que quienes acrediten al menos 38 años y tres meses de cotización puedan acceder a la jubilación a los 65 años sin penalizaciones. Sin embargo, aquella dualidad en la edad de retiro responde a una reforma pactada en 2011, que ha ido elevando paulatinamente la edad de jubilación desde los 65 años originales. Desde 2018, esta edad se ha ido incrementando dos meses cada año, en tanto que en los años anteriores el aumento fue de un mes anual. El calendario de transición señala que, tras 2027, solo quienes acrediten cotizaciones de 38 años y seis meses podrán jubilarse a los 65, dejando a la mayoría en la condición de esperar hasta los 67 años para recibir la pensión al completo.
Una de las novedades más interesantes será la implementación progresiva de un nuevo sistema de cálculo de prestaciones, también resultado de la reforma impulsada por el exministro José Luis Escrivá. El sistema permitirá, desde 2026, escoger entre dos fórmulas de cálculo: una basada en los últimos 25 años cotizados, excluyendo los 24 meses menos favorables, y otra con los últimos 29 años. A comienzos de la próxima década, los trabajadores podrán optar por la opción más conveniente, que podrá tener un impacto significativo en el monto final de la pensión. La idea es que, en 2037, la opción de los 29 años sea la estándar, y en 2044 solo se permitirá esa fórmula, con el fin de reflejar mejor la realidad laboral y demográfica del país.
El acceso a la jubilación anticipada también sufrirá cambios en 2026, permitiendo a quienes hayan cotizado menos de 38 años y tres meses retirarse hasta dos años antes de la edad legal, en modalidad voluntaria, y hasta cuatro años antes en casos involuntarios. Para ello, los jóvenes mayores de 63 años en la modalidad voluntaria o las personas mayores de 61 en la involuntaria podrán acogerse a estas opciones bajo condiciones específicas señaladas por el Instituto BBVA de Pensiones.
Por su parte, la jubilación parcial tendrá en 2026 una regulación particular: quienes tengan menos de 38 años y tres meses podrán acceder a partir de los 63 años y 10 meses si optan por la modalidad con contrato de relevo, mientras que quienes tengan más años cotizados podrán hacerlo desde los 62. Estas modalidades buscan favorecer una transición más suave hacia la jubilación y promover la participación laboral de mayores.
Otra medida importante será el aumento en la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que en 2026 subirá del 0,8% al 0,9%, con la finalidad de fortalecer los fondos del sistema ante el incremento en el gasto derivado del envejecimiento poblacional. La previsión es elevar esta cotización al 1,2% en 2029 y mantenerla hasta 2050, procurando sostener los beneficios del sistema de pensiones en medio de una expectativa de vida en aumento.
Asimismo, las pensiones mínimas y las prestaciones no contributivas también serán objeto de revaloración: en 2026, estas beneficiarán a alrededor de 2,5 millones de personas y se prevé que su aumento sea superior al 2,7%, por encima de la media de la inflación, con el objetivo de garantizar su poder adquisitivo frente a un entorno económico incierto.
Estos cambios en el sistema de pensiones reflejan un esfuerzo por adaptarse a la realidad demográfica del país y a los desafíos que presenta el envejecimiento progresivo de la población, procurando un equilibrio entre sostenibilidad financiera y protección social para los jubilados.
