
El Tribunal Supremo ha resuelto de manera decisiva la disputa por la propiedad del pazo de Meirás, determinando que la finca pertenece al Estado, aunque la familia de Francisco Franco deberá ser indemnizada. El fallo, que pone fin a años de litigio, confirma la sentencia previa de la Audiencia Provincial de A Coruña de 2021, y establece que los herederos del dictador tienen derecho a una compensación económica por las mejoras y el mantenimiento realizados durante el tiempo que ocuparon la propiedad. Este veredicto se produce después de que tanto la Abogacía del Estado —con el apoyo de la Xunta de Galicia y otras administraciones— como los herederos de Franco presentaran recursos que han sido desestimados por el tribunal.
La sentencia del Supremo también aclara que los herederos no pudieron reclamar la propiedad por usucapión, ya que el pazo servía al Estado hasta la década de los 90, impidiendo la aplicación del plazo legal de 30 años necesario para este tipo de reivindicación de propiedad. En el aspecto de la compensación económica, el tribunal ha subrayado que los Franco fueron poseedores de buena fe, lo que obliga legalmente al Estado a indemnizarlos adecuadamente. La resolución ha sido bien recibida por el Gobierno central y las autoridades gallegas, quienes ven esta decisión como un paso hacia la justicia histórica y la recuperación de un patrimonio público, impulsando así su apertura como un Lugar de Memoria.
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