

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha emitido este viernes una resolución que supone un revés significativo en la política comercial promovida por la administración de Donald Trump. La decisión anuló la autoridad que le otorgaba la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles recíprocos, una herramienta clave del hasta ahora enfoque proteccionista del expresidente. Este fallo representa la mayor derrota legal de Trump desde que regresó a la Casa Blanca en 2024 y genera una serie de reacciones tanto en el ámbito internacional como en las relaciones comerciales bilaterales.
Tras conocerse la resolución judicial, la Comisión Europea solicitó claridad respecto a las medidas que Estados Unidos adoptará en respuesta a este dictamen. El portavoz de Comercio del bloque, Olof Gill, manifestó que la Unión Europea está en contacto cercano con la Casa Blanca y analizando detenidamente el fallo, a la espera de instrucciones concretas. La agencia comunitaria busca entender si Washington modificará o suspendrá las medidas arancelarias que ha impuesto en los últimos años, especialmente en lo que respecta a los gravámenes del 15% a productos europeos y las compras comunitarias de energía y equipamiento militar estadounidense.
Para las empresas españolas que exportan a Estados Unidos, la decisión del Tribunal Supremo puede aliviar una carga que, aunque significativa, hasta ahora había tenido un impacto relativamente moderado en comparación con otros países de la Unión Europea. Las cifras del último informe mensual del Ministerio de Economía reflejan que el déficit comercial de España con Estados Unidos en 2025 superó los 13 mil millones de euros, con exportaciones que disminuyeron un 8% respecto al año anterior, situándose en 16.716 millones de euros, además de importar bienes y servicios por valor de 30.174 millones de euros, un 7% más que en 2024.
El impacto de los aranceles impuestos por Trump en las empresas españolas ha sido distinto del de otros países, dado que las exportaciones españolas representan solo una parte menor del comercio total con Estados Unidos. Sin embargo, en diciembre de 2025, el déficit comercial acumulado con ese país se elevó a 639 millones de euros, reflejando un incremento del 20% respecto al mismo mes del año anterior, mientras las exportaciones totales a EE. UU. descendieron casi un 10%.
El escenario se torna aún más complejo con la entrada en vigor, en agosto pasado, de unos aranceles mínimos del 10% para las importaciones, y un posible incremento de hasta el 15% para países con superávit comercial con EE. UU., según anunció Trump en ese momento. Esta política de gravámenes ha afectado a múltiples socios comerciales, aunque su impacto en las empresas españolas sigue siendo limitado debido a la baja proporción de sus exportaciones hacia Washington.
Por su parte, las tensiones entre Estados Unidos y otros actores económicos, incluyendo acuerdos con la Unión Europea, continúan en el centro de la política internacional. La administración Trump, en su afán por fortalecer la postura proteccionista y limitar las importaciones extranjeras, enfrentaba ya resistencias legales y políticas que ahora se ven reforzadas por la decisión del Alto Tribunal estadounidense.
En definitiva, la sentencia del Supremo podría marcar un punto de inflexión en las estrategias arancelarias del país norteamericano, poniendo en duda la implementación de medidas que, además de afectar a socios comerciales, han generado incertidumbre en los mercados globales y en las relaciones internacionales. La comunidad internacional, desde la Unión Europea hasta las naciones latinoamericanas, observa con atención cómo evoluciona el escenario tras este fallo, que podría abrir paso a un enfoque más conciliador en las políticas comerciales en Estados Unidos.
