El Tribunal Internacional de Justicia de la ONU ha emitido una opinión consultiva sobre la responsabilidad legal de los países en el cambio climático, destacando la urgencia de la amenaza climática y subrayando la obligación de cooperación internacional para mitigar los daños ambientales. Aunque no vinculante, el dictamen precisa que los estados deben tomar medidas para limitar las emisiones de CO₂ y mantener el aumento de temperatura global por debajo de 1,5 grados. Además, los países que incumplen estas medidas podrían estar violando el derecho internacional, abriendo la puerta a posibles litigios futuros.

El caso, iniciado por Vanuatu en 2019, refleja la brecha entre los mayores contaminantes del mundo y los pequeños estados insulares, quienes sufren desproporcionadamente los efectos del cambio climático. Vanuatu, con su frágil geografía y amenazas como la subida del nivel del mar, busca justicia a través de la clarificación de obligaciones internacionales. La opinión del tribunal, aunque no ejecutable, fortalece el vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos, ofreciendo un marco para posibles demandas y acuerdos más estrictos a nivel global y nacional.

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