El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia que ha causado revuelo en el ámbito jurídico europeo. La decisión, que data del 7 de noviembre de 2024, permite a los Estados miembros de la Unión imponer restricciones más estrictas en la cancelación de deudas fiscales, reforzando así su poder en el marco de la Ley de la Segunda Oportunidad. Esta legislación, que se enmendará en 2025, busca ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de liberarse de ciertas deudas, pero la nueva decisión judicial establece límites claros.
Un aspecto central de esta resolución es la consideración de la «buena fe» del deudor como un criterio primordial para acceder a la exoneración de deudas. El TJUE, en línea con la Directiva Europea, sostiene que no solo aquellos deudores que actúan de manera deshonesta deben ser excluidos de este beneficio, sino también aquellos que han mostrado negligencia en la gestión de sus finanzas. Esto implica que, incluso sin intención maliciosa, un deudor descuidado podría enfrentarse a restricciones si no maneja adecuadamente sus obligaciones financieras.
Además, el tribunal ha ampliado la definición de cuáles categorías de deudas pueden quedar excluidas de la exoneración. Conforme a la Directiva (UE) 2019/1023, los Estados tienen la autoridad para identificar y justificar las deudas que no deben ser perdonadas, siempre bajo el principio de proporcionalidad. En particular, el fallo subraya que las deudas de carácter público pueden quedar excluidas si se justifica adecuadamente el interés público.
En España, esta sentencia reafirma lo que la legislación concursal ya contempla: la exclusión de ciertas deudas públicas de la exoneración, una medida que pretende proteger el interés público y garantizar la equidad social. La normativa española ya se centra en limitar la condonación de deudas a determinadas situaciones, asegurando que las restricciones sean proporcionales y esenciales para proteger intereses colectivos.
La decisión del TJUE no solo refuerza la capacidad de los Estados para controlar el perdón de deudas, sino que también destaca la necesidad de transparencia y gestión responsable por parte de los deudores. Los ciudadanos españoles con obligaciones fiscales pendientes pueden verse directamente afectados por estas nuevas restricciones, que buscan equilibrar la segunda oportunidad financiera con la responsabilidad fiscal.
En síntesis, la sentencia del TJUE otorga a los países como España mayor control sobre el proceso de exoneración de deudas bajo la Ley de la Segunda Oportunidad de 2025, destacando la relevancia de la diligencia y el cumplimiento fiscal en la concesión de este beneficio. La medida pretende asegurar que las restricciones sean justificadas y proporcionales, protegiendo tanto a los deudores como a los intereses públicos.
