El Tribunal Supremo ha ratificado una sanción de 2.000 euros impuesta a la jueza Vanesa Pérez Lleó por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debido a una falta disciplinaria grave de desconsideración hacia sus colegas en el Juzgado de Primera Instancia 4 de Nules, Castellón, entre octubre de 2020 y noviembre de 2022. Durante este periodo, los funcionarios del juzgado describieron un ambiente laboral inaceptable, marcado por los frecuentes comentarios ofensivos de la magistrada, incluyendo apodos denigrantes y humillaciones públicas. La jueza calificó a algunos de sus subordinados de «vagos» y llegó a expresar delante de un detenido su deseo de ver sentenciado al acusado. El Supremo ha desestimado los argumentos presentados por Pérez Lleó para apelar la multa, afirmando que las palabras de la magistrada no están amparadas por la libertad de expresión, y que el contexto en que estas se utilizaron fue evaluado exhaustivamente.

El caso salió a la luz después de que los funcionarios del juzgado dirigieran una queja al juez decano de Nules, quien a su vez remitió la denuncia al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Las críticas hacia la jueza también incluyeron amenazas a un fiscal, lo que llevó a este último a solicitar un traslado debido al acoso. Además de faltar a sus funciones al presentarse tarde a las citas judiciales, Pérez Lleó utilizó un lenguaje ofensivo frente a varios miembros del juzgado. Inicialmente, el CGPJ cerró el caso, pero tras ordenar su reapertura, se dictaminó que las acciones de la magistrada constituían una falta disciplinaria grave según la Ley Orgánica del Poder Judicial. A pesar de su reciente nombramiento como titular del Juzgado de lo Penal 9 de Santa Cruz de Tenerife, con competencia en violencia sobre la mujer, el Supremo rechazó los intentos de Pérez Lleó de justificar su conducta como una mera cuestión de tono distendido.

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