El Gobierno español se encuentra en medio de una controversia respecto a la asistencia que debe proporcionar a la flotilla que se dirige hacia Gaza, generando un nuevo enfrentamiento interno en la coalición. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, declaró que han hecho todo lo posible para apoyar a las embarcaciones, pero insistió en que su prioridad es la seguridad de la tripulación y recomendó que eviten entrar en las aguas consideradas por Israel como zona de exclusión. Esto ha generado el desacuerdo con su socio de coalición, Sumar, que argumenta que el Gobierno debería proteger la misión humanitaria en lugar de solicitar la retirada de las embarcaciones.
A medida que la Global Sumud Flotilla denunciaba maniobras intimidatorias por parte de Israel en aguas internacionales, Sumar emitió un comunicado reafirmando su posición, enfatizando que la operación de la flotilla se enmarca dentro del derecho internacional y debe ser defendida. Yolanda Díaz, líder de Sumar, crítica la postura del Gobierno y subraya que el Ejecutivo tiene la obligación de garantizar la legalidad internacional. A su juicio, las acciones de la flotilla son legítimas y necesarias en la lucha por la ayuda humanitaria en Gaza, al mismo tiempo que califica al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como un «criminal de guerra».
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