El accidente ferroviario de Adamuz, que resultó en 46 víctimas mortales y el fallecimiento de un maquinista, será objeto de una exhaustiva investigación en el Senado español, liderada por el Partido Popular (PP), quien ostenta la mayoría en la Cámara alta. La tragedia será examinada a través de una comisión de investigación que comenzará a operar a finales de abril. En un intento por deslindar responsabilidades, el PP ha llamado a comparecer al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, ambos actualmente en prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción, y al actual ministro de Transportes, Óscar Puente. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha subrayado la intención de la comisión de seguir «el rastro del dinero» y examinar toda la documentación pertinente. Este proceso paralelo se lleva a cabo mientras las instituciones europeas también han comenzado a indagar en el caso, desmintiendo las afirmaciones de Puente de que tales investigaciones son rutinarias.

En paralelo, la Fiscalía Europea ha lanzado su propia investigación sobre el posible mal uso de fondos comunitarios asignados a las obras de renovación de las vías de Adamuz, que recibieron 111 millones de euros de la Comisión Europea. La investigación se centra en determinar posibles irregularidades en la gestión de estos fondos y se desarrolla junto a la causa judicial en curso llevada por un juzgado de Montoro. Esta última busca esclarecer el motivo del descarrilamiento de un tren Iryo, que impactó de frente con un Alvia. El juez José Luis Calama ha sido asignado por la Audiencia Nacional para supervisar esta investigación en curso, la cual busca no solo esclarecer la tragedia del accidente, sino también examinar la gestión de los fondos destinados al proyecto ferroviario.

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