La lucha contra la oferta ilegal de viviendas turísticas en España vuelve a ser un asunto prioritario para las autoridades y el sector turístico. La organización Exceltur, que agrupa a las principales empresas y asociaciones del turismo, ha exigido a las plataformas digitales que eliminen de inmediato los miles de anuncios que todavía proliferan en distintas webs y aplicaciones, promoviendo alquileres no autorizados y que operan al margen de la normativa vigente.
Según datos recientes, ya son 86.275 los anuncios de viviendas turísticas y temporales que, en conjunto, representan unas 435.689 plazas, lo que equivale a aproximadamente un 23% del total de 1.927.931 viviendas habilitadas oficialmente en el país para estos fines. La existencia de estas ofertas irregulares no solo distorsiona el mercado, sino que también representa una amenaza para la sostenibilidad urbana, la convivencia ciudadana y la calidad de la oferta turística.
La patronal advierte que estos pisos ilegales suponen un daño directo a la reputación internacional de España como destino privilegiado. La proliferación de viviendas sin licencia compromete los estándares de seguridad y calidad, afectando no solo a los viajeros, sino también a las empresas que cumplen con toda la normativa, lo que desvirtúa la competencia y pone en riesgo empleos y la recaudación fiscal del sector.
Asimismo, desde una perspectiva macroeconómica, la aspiración de convertir en alquiler temporario buena parte del parque residencial habitual está generando efectos negativos en los barrios más demandados por el turismo. La transferencia de viviendas destinadas a uso residencial hacia un mercado paralelo de alquiler vacacional reduce la disponibilidad de viviendas para residentes, aumenta la presión en los servicios públicos y contribuye a la escalada de precios del mercado inmobiliario, dificultando aún más el acceso a la vivienda para los ciudadanos locales.
En respuesta a estos desafíos, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha puesto en marcha medidas concretas, como la creación del registro único de alquileres de corta duración, que facilitará la supervisión y control del mercado, así como la identificación rápida de inmuebles que operan sin cumplir los requisitos legales. Desde julio pasado, los propietarios que deseen ofrecer sus viviendas como alojamientos turísticos deben gestionar un código identificador obligatorio, otorgado por los Registradores de la Propiedad, que deberá ser compartido con las plataformas digitales a través de la Ventanilla Única Digital.
La implementación de esta herramienta busca cerrar el paso a la oferta ilegal, que en muchos casos se ha incrementado por la dificultad de acceder a viviendas asequibles en un mercado cada vez más tensionado por los altos precios del alquiler. La imposibilidad de encontrar oferta legal ha llevado a muchos arrendatarios a optar por soluciones en la clandestinidad, alimentando un círculo vicioso que perjudica a todos: residentes, turistas y las propias autoridades.
Las plataformas digitales han sido llamadas a colaborar activamente en esta lucha contra la ilegalidad. Cuando el Ministerio detecta anuncios que incumplen con los requisitos, las webs están obligadas a retirarlos, incluso si estos se presentan en varias plataformas simultáneamente. Esta coordinación pretendía reducir notablemente la oferta irregular, que ha contribuido en parte al encarecimiento de la vivienda en muchas ciudades y a la expulsión de vecinos de los centros urbanos.
Por ahora, los esfuerzos del Gobierno parecen estar dando resultados favorables. La reducción en la oferta ilegal se refleja en una caída del 37% en la presencia de pisos turísticos sin licencia en el mercado, tras largos años de incremento vertiginoso. Sin embargo, las autoridades insisten en que aún queda mucho por hacer y llaman a la responsabilidad social de los operadores digitales y propietarios para garantizar un mercado más transparente, regulado y justo.
El desafío continúa siendo grande: equilibrar la demanda turística con la necesidad de preservar la calidad de vida de los residentes y mantener la sostenibilidad urbana. Solo mediante la cooperación efectiva entre el sector público, las plataformas y los propietarios se logrará reducir la oferta ilegal y recuperar la confianza en un turismo responsable y respetuoso con las normativas.
