En un movimiento decisivo para reforzar el cumplimiento de la normativa sobre alquileres turísticos, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, ha ordenado la retirada de 8.318 anuncios de viviendas turísticas que están siendo promocionadas como alquileres de temporada, a pesar de infringir la normativa vigente. La Dirección General de Consumo, tras una exhaustiva investigación, identificó que estos anuncios permitían reservas por menos de 31 días, el mínimo establecido por el reciente Real Decreto-ley 29/2026, aprobado el 6 de octubre en Consejo de Ministros.
La Comunidad de Madrid se perfila como el epicentro de estas infracciones, acumulando un total de 6.772 anuncios, de los cuales 6.523 corresponden solo a la capital. Este dato subraya el significativo impacto de la regulación sobre el mercado de vivienda en la región, una preocupación constante para las autoridades.
Este esfuerzo forma parte de una serie de acciones del ministerio para controlar prácticas que están exacerbando la crisis de vivienda en España. En esta línea, Consumo ya impuso una multa de 64 millones de euros a Airbnb, lo que obligó a la plataforma a eliminar más de 65,000 anuncios que no cumplían con la normativa. Del mismo modo, Booking se vio forzada a retirar más de 4,000 anuncios tras un requerimiento formal.
La Dirección General de Consumo ha notificado a las plataformas implicadas, advirtiéndolas sobre su responsabilidad directa en estos ilícitos una vez informadas. El incumplimiento de la normativa comunitaria podría derivar en la apertura de expedientes sancionadores si no se toman medidas para eliminar o bloquear los anuncios infractores.
Además, el ministerio sigue vigilante frente a prácticas abusivas en el sector de alquiler. Recientemente, sancionó a la inmobiliaria Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros por prácticas abusivas hacia los inquilinos, y mantiene abierta una investigación contra otra gran inmobiliaria nacional.
Este escenario refleja un esfuerzo concertado por parte de las autoridades para salvaguardar los derechos de los consumidores y estabilizar el mercado de alquiler, garantizando así una oferta justa y regulada acorde con las normativas actuales.
Fuente: Ministerio de Consumo
