Las leyes establecen sanciones uniformes por incumplimiento sin distinción del tamaño de la empresa. Según la normativa vigente, las penalizaciones no varían si la infracción es cometida por una pequeña, mediana o gran corporación, garantizando así un marco legal que aplica equitativamente a todas las entidades, independientemente de su capacidad económica o escala operativa.
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