El proceso legal contra María Amparo Casar, analista crítica del Gobierno y directora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ha sido temporalmente frenado. La audiencia de vinculación prevista para este martes fue suspendida, y la Fiscalía General de la República (FGR) ha retirado provisionalmente la carpeta del caso para revisarla, según informó Casar a EL PAÍS. Las acusaciones contra Casar giran en torno al presunto «uso ilícito de atribuciones y facultades» en relación con una pensión que recibe de Pemex tras la muerte de su esposo, quien era trabajador de la petrolera. Este caso cobró notoriedad durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando el entonces director de Pemex, Octavio Romero, alegó que Casar había cobrado de forma irregular una pensión vitalicia, argumentando que su esposo no había fallecido accidentalmente, sino que había sido un suicidio.
Tras la denuncia, Pemex retiró la pensión de Casar, pero la académica logró un amparo que ordenó a la petrolera devolverle el beneficio mientras no existiera un mandato firme en su contra. En los últimos años, Casar ha sido objeto de críticas constantes en las conferencias mañaneras de López Obrador, quien llegó a catalogarla como «una traidora a la patria». Con Ernestina Godoy a cargo de la FGR, se optó por una revisión exhaustiva del caso para asegurarse de que esté integrado conforme a derecho, negando cualquier tipo de sesgo o consigna política. La presidenta Claudia Sheinbaum, al ser inquirida sobre el caso, evitó pronunciarse y dejó la responsabilidad de la denuncia ante la Fiscalía. La revisión de la carpeta ha pausado el proceso, que podría reanudarse el próximo año.
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