En un contexto marcado por la necesidad imperiosa de una gestión adecuada de la inmigración y la protección internacional, se ha suscrito un acuerdo en virtud del artículo 149.1.2ª de la Constitución Española. Este artículo otorga al Estado la competencia exclusiva en materia de inmigración, extranjería y derecho de asilo. Recientes decisiones de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, fechadas el 25 de marzo y el 4 de junio de 2025, han reafirmado el derecho de los menores solicitantes de asilo a un sistema de acogida específico.

En la actualidad, 50 solicitantes de asilo, algunos de los cuales ya han obtenido protección, están siendo atendidos exclusivamente por la red pública de Infancia de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el Gobierno central aún no ha proporcionado los recursos y mecanismos necesarios para este sistema de acogida.

Entre estos solicitantes, se encuentran menores que han expresado su deseo de formalizar su solicitud de protección internacional, aunque no han podido hacerlo. En estos casos, el Tribunal Supremo ha subrayado que su situación debe considerarse igual a la de aquellos que ya han podido formalizar su petición, en ocasiones llegando a esperar hasta un año para completar el proceso.

La Comunidad de Madrid ha exhortado al Gobierno a cumplir con sus responsabilidades constitucionales y legales. Exige que antes de realizar cualquier traslado, se verifique de manera efectiva y personalizada que ninguno de los menores ha solicitado protección internacional o ha manifestado su intención de hacerlo, respetándose así el principio del interés superior del menor.

Paralelamente, el Tribunal Supremo ha instado al Gobierno central a asumir la responsabilidad de mil niños y adolescentes solicitantes de asilo en los servicios de acogida de Canarias. Esta medida cautelar positiva fue solicitada por el Gobierno del archipiélago, quien ya había pedido previamente al Estado que tomara cartas en el asunto.

La situación plantea un desafío significativo en la coordinación y gestión entre las autonomías y el Gobierno central, que debería aunar esfuerzos para garantizar que los derechos de los menores solicitantes de protección internacional sean respetados y protegidos de manera efectiva y equitativa.