El caso legal que enfrenta Donald Trump, apodado como el «caso Stormy Daniels», sigue generando expectación en el ámbito judicial y político de Estados Unidos. Recientemente, el juez Juan Merchan decidió posponer una semana su decisión sobre una posible anulación de la condena de Trump por 34 delitos relacionados con el pago a la actriz porno para comprar su silencio. Este aplazamiento es consecuencia de un fallo del Tribunal Supremo, que ofrece una interpretación más amplia de la inmunidad presidencial, aunque por supuesto no es absoluta. La sentencia definitiva estaba prevista para el 26 de noviembre, apenas dos meses antes de la toma de posesión de Trump como presidente reelecto, pero los movimientos estratégicos legales continúan mientras los fiscales del distrito de Manhattan analizan el nuevo entorno jurídico creado tras su reelección.
El panorama judicial para Trump se amplía con otros procesos abiertos en su contra, incluyendo uno por documentos confidenciales que se resolvió en su favor y otros dos casos federales que enfrentan complicaciones debido a su recién reelegido estatus. En Georgia, las complicaciones legales persisten en uno de los casos de subversión electoral, mientras que el caso del asalto al Capitolio también está en un estado de incertidumbre tras la intervención del Tribunal Supremo en la interpretación de la inmunidad presidencial. La jueza Tanya Chutkan, a cargo de este último caso, ha puesto en suspenso el proceso lo que indica que las decisiones judiciales seguirán enfrentando apelaciones y probablemente llegarán de nuevo al alto tribunal. El fiscal especial Jack Smith tiene hasta el 2 de diciembre para decidir si continúa adelante con el caso relacionado con la intromisión electoral en 2020. Así, la figura de Trump continúa en el centro de una compleja encrucijada legal y política que mantiene al país y al mundo en vilo.
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