Jesús Muñoz, un ciudadano mexicano que cumplió 25 años de condena por asesinato en segundo grado en Estados Unidos, fue arrestado por la agencia migratoria ICE en Miami para su deportación. En lugar de ser enviado directamente a México, se convirtió en víctima de la política migratoria de Donald Trump, siendo deportado junto a otros siete extranjeros a Sudán del Sur. Este procedimiento, calificado de «arbitrario» por la Secretaría de Exteriores de México, ilustra la irracionalidad de las expulsiones a terceros países sin conexión alguna con los deportados. Durante semanas, Muñoz quedó varado en Yibuti, atrapado en un limbo legal tras la impugnación de su caso en tribunales. Finalmente, el gobierno mexicano intervino para facilitar su regreso a México.
La política del gobierno de Trump enfrenta crecientes críticas y obstáculos legales. Las deportaciones hacia terceros países como El Salvador y Costa Rica han desencadenado preocupaciones internacionales por posibles violaciones a los derechos humanos. Mientras tanto, el apoyo consular mexicano intenta responder a la creciente demanda de asistencia para sus ciudadanos bajo estas medidas. Ante este panorama, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, prometió recursos suficientes para asistir a sus ciudadanos atrapados en estas situaciones, reflejando un compromiso frente a las «injustas redadas» y las complejidades legales en curso.
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