El líder de Junts ha iniciado acciones legales presentando una demanda ante el Tribunal Constitucional en respuesta a la reciente decisión del Tribunal Supremo de no conceder amnistía por delitos de malversación. Esta medida judicial surge en un contexto de tensión política, donde el partido busca proteger a sus miembros involucrados en procesos judiciales vinculados al referéndum independentista de 2017. La decisión del Supremo reafirma la aplicación de la ley penal para casos de malversación, generando críticas entre los sectores independentistas que consideran esta medida como un obstáculo para el diálogo político.
La demanda busca obtener una revisión del fallo en favor de una amnistía que consideran esencial para avanzar en la resolución del conflicto catalán. Los líderes de Junts argumentan que la amnistía permitiría un nuevo marco de entendimiento y negociación con el gobierno central. Sin embargo, esta acción ha avivado el debate sobre la independencia judicial en España y la posibilidad de que tales demandas judiciales interfieran en el proceso político, manteniendo la cuestión catalana en el centro del debate nacional.
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