El Govern catalán, bajo la dirección de Salvador Illa, ha anunciado la adquisición de 743 viviendas destinadas al alquiler social, a través de la Agencia de la Vivienda de Cataluña. Esta operación, valorada en más de 71 millones de euros, se realiza mediante el derecho a tanteo y retracto, permitiendo al ejecutivo una compra preferencial para su programa de vivienda. Esta se convierte en la adquisición más grande de este tipo llevada a cabo por la Generalitat, con el objetivo de proporcionar estabilidad habitacional a familias vulnerables que, tras perder sus hogares por ejecuciones hipotecarias, ahora continúan residiendo en alquiler a través del programa ‘Reallotgem’.
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha destacado que esta medida busca ofrecer tranquilidad a los inquilinos, asegurando la continuidad de sus actuales contratos de alquiler. Actualmente, estas viviendas están ubicadas en casi cien municipios de toda Cataluña, con un marcado número en Barcelona, que cuenta con 487 pisos, seguidos por otras localidades como Tarragona, Girona y Lleida. Esta estrategia de compra no solo pretende incrementar la oferta de alquiler social, sino también proteger a las familias del riesgo de desplazamiento forzado ante la posible venta de sus hogares a grandes tenedores.
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