El Gobierno español ha decidido mantener la exención de tributar el salario mínimo interprofesional (SMI) en el IRPF, un tema que había generado tensiones entre los ministerios de Trabajo y Hacienda. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, zanjó la disputa al confirmar el compromiso del Ejecutivo de que quienes reciben el SMI no pagarán impuestos. A pesar de algunas fricciones, la medida busca proteger a estos perceptores a través de una deducción fiscal que se actualizará para que continúen sin tributar, aunque Hacienda aún debe especificar formalmente la figura fiscal que se utilizará. Este paso va en línea con la postura defendida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Sin embargo, el consenso en el Gobierno no es completo, especialmente en torno a la relajación de las normas de desindexación del SMI en los contratos públicos. Esta medida enfrenta la oposición del Ministerio de Economía y plantea un obstáculo para la patronal, que condiciona su apoyo a la subida del SMI del 3,1% para 2026 a esta flexibilización. Yolanda Díaz y los sindicatos respaldan la idea, pero el Partido Socialista se muestra reticente, defendiendo el cumplimiento estricto de la Ley de Desindexación vigente desde 2015. La falta de acuerdo en estos puntos complica las negociaciones con los empresarios y pone en duda el respaldo de la patronal a la propuesta de incremento salarial.
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