El Gobierno de Colombia, liderado por Gustavo Petro, ha promulgado tres decretos agrícolas tras declarar la conmoción interior en respuesta a la reciente escalada de violencia perpetrada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo. Estos decretos, que tendrán vigencia durante los 90 días que dura la conmoción, están orientados a ofrecer alivios financieros a los campesinos desplazados debido a las hostilidades. El decreto 0106 busca asegurar la continuidad de la producción alimentaria mediante la refinanciación de créditos agropecuarios para productores afectados. Por su parte, el decreto 0107 tiene como objetivo mantener operativa la cadena de suministro en la región productora de bienes alimenticios, para lo cual da potestad a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) para contratar servicios esenciales. Finalmente, el decreto 0108 permite que inmuebles estatales en desuso sean adaptados como albergues temporales y contempla la expropiación de predios con el propósito de facilitar el retorno de los desplazados.

Inicialmente, el presidente Petro insinuó que la conmoción interior podría extenderse a todo el país y conllevaría modificaciones tributarias, como nuevos impuestos sobre los juegos de azar y el sector de hidrocarburos. Sin embargo, decidió priorizar medidas que impacten directamente la economía campesina antes de abordar aspectos tributarios o de seguridad, a pesar de que el Ejército ha intensificado su presencia para intentar recuperar el control del Catatumbo. Los decretos se implementan en un momento crítico para la política de paz total del Gobierno, en medio de una crisis exacerbada por la violencia del ELN, que también ha afectado a miembros de las disidencias de las FARC y firmantes del acuerdo de paz. Las negociaciones de paz han estado en punto muerto desde mayo de 2024 debido a la división dentro del ELN y las tensiones persisten, complicando aún más las posibilidades de un acuerdo con la administración de Petro.

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