El Gobierno español ha decidido no tomar una posición sobre la solicitud de prórroga para la central nuclear de Almaraz, presentada por las eléctricas, y ha delegado la evaluación inicial al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, confirmó que la solicitud llegó el jueves, y enfatizó que el CSN debe determinar la viabilidad de la extensión desde una perspectiva de seguridad nuclear. Aagesen subrayó la importancia de un proceso técnico e independiente, dejando en claro que el Gobierno no influirá en la decisión mientras el CSN no emita su dictamen inicial.

Por otro lado, Aagesen destacó que las eléctricas han renunciado a las bonificaciones fiscales que habían solicitado durante meses. Esta decisión, indicó, es congruente con las «líneas rojas» del Gobierno, que desde el comienzo dejó claro que los consumidores no asumirían el costo de la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares. La ministra dejó claro que el Ejecutivo español está cumpliendo con la formalidad de tramitar la solicitud sin comprometerse a un resultado específico, enfatizando su compromiso con la seguridad nuclear como una prioridad innegociable.

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