El Gobierno ha declarado oficialmente este martes 9 de febrero de 2026, zonas afectadas gravemente por una serie de emergencias de protección civil originadas por una sucesión de fenómenos meteorológicos adversos y otros sucesos catastróficos en distintas partes del territorio nacional. La propuesta, impulsada por el Ministerio del Interior, ha sido aprobada por el Consejo de Ministros en reconocimiento a la gravedad y la magnitud de las distintas incidencias ocurridas desde principios de noviembre de 2025 y hasta principios de febrero de 2026.
Durante estos meses, los territorios españoles han sido testigos de un patrón persistente de inestabilidad atmosférica, marcado por intensas lluvias, vientos fuertes, nevadas, fenómenos costeros y olas de frío que han provocado una acumulación significativa de daños en infraestructuras, bienes y en la vida de la población. En total, se han registrado 76 episodios considerados emergencias de protección civil, la mayoría causados por sucesivas borrascas que han afectado catorce comunidades autónomas, así como la ciudad autónoma de Ceuta.
Estas emergencias han comprometido la seguridad y el bienestar de muchas localidades. Entre los eventos más destacados se encuentran episodios de inundaciones, desbordamientos de ríos, fuertes vientos y fenómenos costeros en Galicia, Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, las Illes Balears, Valencia, Madrid, Ceuta, y otras regiones. La borrasca Emilia, por ejemplo, intensificó precipitaciones, vientos y temporales marítimos en Andalucía, Murcia, Cataluña, Galicia y las Illes Balears, afectando infraestructuras viales, servicios básicos y litoral. En enero y febrero, temporales vinculados a borrascas como Francis, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo y Marta han provocado nevadas, olas de frío, inundaciones y daños en varias comunidades, con impactos notables en movilidad, servicios públicos y la calidad de vida de los afectados.
El análisis de estas semanas evidencia una tendencia de concatenación de borrascas que ha sometido a las comunidades a una situación de riesgo y vulnerabilidad aumentada. Las implicaciones de estos episodios han sido diversas, desde la evacuación de emergencias, rescates y cortes en carreteras, hasta incidentes industriales, incendios forestales y accidentes de tráfico de gran magnitud. En algunos casos, la intensidad de estos sucesos ha llegado a activar los niveles más altos de alerta y respuesta en los planes autonómicos, sin embargo, en otros escenarios la situación se mantuvo en fases de preemergencia o en una situación de alerta mínima, como en Galicia y Ceuta, donde ocurrieron sucesos de gravedad menor, pero considerados excepcionales por su concatenación temporal.
Frente a este escenario, el Gobierno ha decidido declarar estos sucesos como zonas afectadas gravemente, lo que permite activar un paquete de ayudas y medidas extraordinarias para el restablecimiento y la recuperación. Entre las principales actuaciones se encuentran la posibilidad de solicitar ayudas a los damnificados para daños personales, bienes mobiliarios, viviendas, infraestructuras públicas, establecimientos industriales y servicios esenciales. Además, se contempla la exención de tasas en trámites de tráfico, la gestión de ayudas fiscales y la concesión de ayudas específicas a las entidades locales para reparar infraestructuras y ejecutar proyectos de reparación y rehabilitación.
Asimismo, otras Administraciones y departamentos del Gobierno han habilitado medidas complementarias, incluyendo beneficios fiscales, bonificaciones y exenciones en impuestos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas, así como ayudas en materia laboral y de seguridad social. La declaración de zona afectada también habilita la declaración de actuaciones de emergencia en infraestructuras públicas y en el dominio público, permitiendo la realización rápida de obras, reparaciones y expropiaciones necesarias.
El alcance de estas ayudas y medidas aún se encuentra en desarrollo, condicionado a las evaluaciones que realizan las autoridades correspondientes sobre los daños efectivos en cada territorio. La evaluación minuciosa de los daños permitirá completar el catálogo de acciones y ayudar a revertir cuanto antes la situación de vulnerabilidad en las áreas afectadas.
El listado de zonas declaradas como gravemente afectadas recoge numerosas provincias y comunidades, abarcando desde las áreas costeras de Galicia, Illes Balears, Cataluña, hasta localidades afectadas por nevadas o lluvias intensas en Castilla y León, Extremadura, Madrid, La Rioja, Cantabria y otras. La relación de emergencias abarca desde fenómenos meteorológicos como lluvias, nevadas, fenómenos costeros y vientos, hasta incidentes industriales y accidentes de tráfico.
Este período de inestabilidad atmosférica, marcado por una reiteración de fenómenos extremos, ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los sistemas de protección civil y de respuesta rápida en todo el territorio, así como la importancia de la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad de la población y la protección del patrimonio y la infraestructura. La declaración de zonas afectadas constituye un paso definitivo para movilizar recursos y facilitar la gestión de ayudas que mitigan los efectos de estas catástrofes y contribuyen a la recuperación de las comunidades y ciudades afectadas.
Fuente: Ministerio del Interior
