A pocas horas del Consejo de Ministros, el Gobierno enfrenta una encrucijada sobre la revalorización de pensiones y el futuro del escudo social, que fue rechazado la semana pasada por una coalición de PP, Vox y Junts. Las negociaciones con los independentistas catalanes continúan, pero hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo. Junts se opone a mantener la protección contra desahucios para las familias en situación vulnerable, lo que ha llevado a que el Ejecutivo considere la posibilidad de segmentar el decreto, aprobando primero la revalorización de pensiones, que cuenta con un amplio apoyo, mientras se pospone el debate sobre las medidas sociales más controvertidas.
Las discusiones se han endurecido desde la caída del paquete de medidas, con críticas dirigidas principalmente hacia el PP, mientras se intenta mantener una relación diplomática con Junts, cuyos votos son considerados esenciales. Aunque el Gobierno ha mostrado disposición a modificar el sistema de avales para facilitar la ayuda a los propietarios afectados por impagos, esto no ha logrado convencer a los independentistas. La controversia se centra en la definición de lo que constituye una «okupación» y quiénes deberían estar excluidos de la suspensión de desahucios, con posturas firmemente arraigadas que complican aún más un posible acuerdo. La izquierda, por su parte, presiona para que no se realicen recortes en estas medidas de protección, enfatizando la importancia de salvaguardar a las familias vulnerables.
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