El gobierno británico liderado por Keir Starmer vivió una jornada crítica tras la filtración anticipada de su esperado presupuesto, que dejó al descubierto las tensiones internas y la desconfianza de los mercados. En una maniobra calculada, la ministra de Economía, Rachel Reeves, presentó un plan financiero que promete un colchón de más de 25.000 millones de euros en los próximos cinco años. Reeves ha mantenido su promesa electoral de no subir el impuesto sobre la renta, optando en cambio por medidas que permitirán recaudar casi 30.000 millones de euros mediante impuestos dirigidos a grandes fortunas y vehículos eléctricos. Además, la ministra anunció una subida del salario mínimo y la eliminación del «tope de dos niños» en ayudas sociales, una decisión que busca combatir la pobreza infantil y recuperar el apoyo de su bancada.
La reacción de los mercados resultó inicialmente dudosa, pero se calmó al ver la clara estrategia fiscal que evitará recortes drásticos. Sin embargo, la filtración por parte de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria añadió un punto de tensión que obligó a Reeves a reafirmar su postura frente al Parlamento. Destacó que aunque los «ciudadanos ordinarios» podrían enfrentarse a una ligera subida de impuestos al final del periodo previsto, se priorizará una mayor equidad fiscal. Las medidas incluyen un 2% de aumento en impuestos sobre dividendos y rentas, y un límite a las cantidades exentas en planes de pensiones privados. Pese al desafío de manejar una situación política y económica volátil, la ministra logró consolidar respaldo interno con un presupuesto que busca retomar la senda de la justicia social, aunque las dudas sobre su aplicación futura persisten.
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