El Ministerio de Función Pública y las principales organizaciones sindicales del sector público han llegado a un acuerdo que marca un hito en la organización del trabajo en la Administración General del Estado. La principal novedad es la intención de reducir la jornada laboral a 35 horas semanales y potenciar el teletrabajo en los próximos meses, medidas que buscan modernizar y hacer más flexible el servicio público.
Este acuerdo, confirmado por CCOO, UGT y CSIF, prevé reuniones en enero para concretar la implementación de ambas iniciativas, que afectarán exclusivamente a los empleados de la administración central, excluyendo a las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado. La idea es que, en breve, los responsables de Función Pública dialoguen con distintos departamentos ministeriales para definir cómo se adaptarán estas causas de cambio a las particularidades de cada área, admitiendo excepciones si fuera necesario.
Actualmente, los empleados públicos de la administración central trabajan unas 37,5 horas semanales, una cifra que, si bien ha sido reducida en algunas comunidades autónomas y municipios, nunca se había aplicado de forma generalizada en el ámbito estatal debido en parte a recortes y restricciones presupuestarias que endurecieron las condiciones laborales desde 2012. La propuesta apunta a que, en febrero, por primera vez en la historia, todos los funcionarios y laborales del Estado tengan una jornada de 35 horas.
El secretario de Administración del Estado de UGT Servicios Públicos, Carlos Álvarez, destacó que este cambio simboliza un avance significativo, en tanto que sería la primera vez que la administración central adopta esta jornada de forma general. Para lograrlo, las autoridades están considerando distintas variables, incluyendo las necesidades y funciones específicas de cada departamento, lo que podría derivar en algunas excepciones.
El proceso también contempla el impulso del teletrabajo, aún en una fase inicial y con desarrollo más gradual. Los sindicatos reconocen que será necesario regular aspectos técnicos, tecnológicos y de organización para garantizar la efectividad de esta modalidad. En línea con ello, la intención es que el teletrabajo comience a promoverse a partir de enero, aunque su despliegue será progresivo.
Estas medidas forman parte de un marco más amplio que incluye también la revisión de condiciones salariales y otros compromisos en materia de modernización administrativa, igualdad y seguridad en el trabajo. La creación de grupos especializados abordará temas como digitalización, salud laboral y empleo público, además de reivindicaciones históricas del personal.
La iniciativa llega en un contexto en el que la recuperación de las 35 horas en el sector público ha sido paulatina y desigual. Desde la década de los noventa, muchas administraciones autonómicas y locales ya han reducido sus horarios a ese nivel, pero el ámbito estatal permaneció sin formalizar ese acuerdo hasta ahora, en parte debido a las restricciones impuestas en la legislación laboral y presupuestaria.
Con estos movimientos, se busca no solo adaptar la estructura laboral a las nuevas realidades, sino también mejorar la conciliación, reducir el absentismo y ofrecer un servicio público más eficiente y competitivo. La implementación efectiva requerirá de cambios normativos, coordinación interinstitucional y, sobre todo, de la colaboración del personal administrativo, que en los próximos meses será el centro de una transformación significativa en sus condiciones de trabajo.
