El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Información Clasificada, cumpliendo una promesa del presidente Pedro Sánchez al PNV para reformar la ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta iniciativa, que ha enfrentado varios intentos fallidos en el pasado, propone la desclasificación automática de documentos clasificados hace 45 años o más, permitiendo el acceso a información de la dictadura franquista y la Transición. Estos cambios buscan modernizar normas que se habían quedado obsoletas, estableciendo plazos definidos para la desclasificación de documentos según su nivel de sensibilidad y priorizando la apertura en casos de violaciones graves de derechos humanos.

El anteproyecto también introduce sanciones severas, con multas de hasta 2,5 millones de euros por la divulgación indebida de información clasificada. Además, traslada la gestión de la información clasificada al Ministerio de Presidencia, encabezado por Félix Bolaños, asumiendo funciones anteriormente en manos del Centro Nacional de Inteligencia. Este cambio implica una reorganización que podría generar inicialmente algunos desafíos administrativos. Los jueces tendrán un rol crucial, pudiendo revisar decisiones de desclasificación mediante el Tribunal Supremo, mientras que cualquier persona con un interés legítimo podrá solicitar el levantamiento del secreto.

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