La inteligencia artificial se convirtió en el eje central de la reciente conferencia anual de la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP), celebrada en Boston del 19 al 22 de octubre. El evento reunió a miles de empleados policiales y empresas interesadas en proporcionarles armamento, gadgets y equipo tecnológico. Aunque se tocaron diversos temas, como la seguridad electoral, las miradas se dirigieron esencialmente al piso de exhibición comercial.
Durante cuatro días, un sinfín de proveedores de tecnología para la policía desplegaron sus habilidades de marketing en busca de nuevos clientes y para reafirmar las relaciones con los ya existentes. Entre los destacados patrocinadores del evento sobresalieron compañías como Amazon Web Services y Verizon, grandes actores en el sector de servicios al consumidor y tecnología policial. Los asistentes, más de 15,000, disfrutaron de un concierto privado de ZZ Top, regalos que iban desde peluches hasta cerveza y productos horneados, e innovadoras muestras de vehículos, cámaras y entrenamientos en realidad virtual.
Sin embargo, se notó una tendencia inquietante en la oferta de nuevas formas de vigilancia y recopilación de datos por parte de las autoridades. Con la progresiva implementación de tecnologías basadas en inteligencia artificial, como el reconocimiento facial y los drones, emergen serias preocupaciones sobre la privacidad y la supervisión comunitaria. Grupos defensores de derechos civiles han levantado la voz ante los peligros de estas herramientas, que podrían conllevar violaciones de privacidad y sesgos en detecciones erróneas.
Las empresas del sector persiguen incrementar su influencia promoviendo el uso de tecnologías de vigilancia en diversos departamentos policiales. En los paneles y presentaciones se destacó la importancia de la interoperabilidad y la cooperación interagencial, con el fin de amplificar la recolección de datos mediante redes interconectadas.
El panorama actual refleja una preocupante falta de legislación federal robusta en torno a la privacidad de los datos, lo cual otorga a policías y proveedores un terreno casi sin barreras legales. Se subraya la apremiante necesidad de establecer leyes que salvaguarden la información personal de los ciudadanos y regulaciones más estrictas sobre el uso de tecnologías de vigilancia, para prevenir una erosión aún mayor de la privacidad en nuestra era digital.
